El Acuerdo de Escazú

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Seguramente estos últimos días leíste sobre el “Acuerdo de Escazú”, llamado de esta forma por haber sido adoptado  en la ciudad homónima en Costa Rica. Su nombre original es “Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe”, que entró en vigor el pasado Día de la Tierra.

¿Qué es?

El Acuerdo de Escazú es un tratado internacional, que funciona como instrumento de protección para que las personas, grupos y organizaciones que promueven activamente los derechos humanos en asuntos ambientales puedan actuar sin amenazas, restricciones e inseguridad. Garantiza el acceso a la información pública, a la participación pública y a la justicia ambiental.

Su objetivo es garantizar la implementación plena y efectiva de los derechos de acceso, así como la creación y el fortalecimiento de las capacidades y la cooperación. De ese modo, contribuye a la protección del derecho de cada persona, de las generaciones presentes y futuras, a vivir en un medio ambiente sano y al desarrollo sostenible. Para esto se basa en principios tales como la igualdad y no discriminación, transparencia y rendición de cuentas, no regresión y progresividad.

¿Por qué en América Latina y el Caribe?

Se crea e implementa en esta región porque posee una gran biodiversidad y provee de su naturaleza al resto del mundo. ¿Cómo? En servicios ambientales, como la fijación de CO2, en paisajes, en materias primas, lo que resultó en sobre-explotación o contaminación. A su vez, es la zona con mayores niveles de desigualdad, lo que hace que estos proyectos extractivos impacten más fuertemente, por su vulnerabilidad.

Además, América Latina y el Caribe se considera la región más peligrosa del mundo para ser defensor ambiental: en 2019 asesinaron a más de 200 activistas (fuente: Global Witness).

sus bases

Este tratado se basa en tres pilares:

  • Acceso a la información: es el derecho a solicitar y a recibir información ambiental, sin necesidad de justificar las razones, asegurando la transparencia.
  • Participación pública: es un punto muy importante en los procesos de toma de decisión ambiental y en sus revisiones, así como también en las políticas, planes, programas y normas. Establece condiciones mínimas para llevarlas a cabo, y se invita a que el Estado la promueva desde etapas tempranas, asegurando que sean abiertas e inclusivas.
  • Acceso a la justicia: facilita el acceso a instancias judiciales y administrativas en asuntos ambientales. Establecen las garantías y condiciones para su ejercicio en la administración y en la justicia en sí misma, ya sea por defectos en los derechos de acceso o por daños ambientales. Además, es el primer tratado internacional que aborda la situación de las personas defensoras de derechos humanos en asuntos ambientales. Se asegura su protección y promoción, incluidos la vida, la integridad personal, la libertad de expresión, circulación y reunión, entre otros. Deberá trabajar medidas apropiadas para prevenir y sancionar ataques y amenazas a estas personas.
Fuente: CEPAL

Precedentes del Acuerdo de Escazú

Su mayor precedente es la Cumbre de la Tierra de Río de Janeiro en 1992. Allí se adoptó el Principio 10 que reconoce que la mejor manera de enfrentar los desafíos ambientales es con acceso a la información, a la participación y a la justicia, abordando de forma conjunta estos denominados “derechos de acceso”. Fue un gran hito para la democracia ambiental. Este se retomó 20 años más tarde en una nueva conferencia de Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible: Rio + 20, haciendo posible la negociación del Acuerdo de Escazú.

El Principio 10 de la Declaración de Río sobre Medio Ambiente y Desarrollo garantiza que todas las personas, particularmente aquellas en situación de vulnerabilidad, tengan acceso a información oportuna y confiable, puedan participar de manera significativa en las decisiones que afectan sus vidas y accedan a la justicia en asuntos ambientales. De esta manera contribuye al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Desde su adopción los derechos de acceso fueron incorporados a nivel nacional, en los principales acuerdos multilaterales ambientales e incluso en tratados de comercio. Y a nivel global en el Convenio sobre acceso a la información, participación del público en la toma de decisiones y acceso a la justicia en materia de medio ambiente (2001); único acuerdo vinculante en vigor respecto de los derechos de acceso.

Instancias

En Río + 20, se dio el puntapié inicial al proceso que culminaría con el Acuerdo de Escazú. Allí Chile, Costa Rica, Ecuador, Jamaica, México, Panamá, Perú, la República Dominicana y Uruguay se comprometieron a trabajar juntos para crear un instrumento regional sobre los derechos de acceso mediante la “Declaración sobre la aplicación del principio 10”.

Así, entre 2012 y 2014 se realizaron reuniones preparatorias para consensuar la visión, objetivos y forma en que los países llevarían a cabo la negociación. Se aprobaron documentos clave para el proceso, como la hoja de ruta, plan de acción, visión, líneas de acción para el fortalecimiento de capacidades y cooperación, etc. También se crearon dos grupos de trabajo para avanzar con los contenidos. Uno de ellos sobre capacidades y cooperación, y el otro sobre los temas de fondo como el contenido de los derechos de acceso. En 2015 se inició la fase de negociación, con la CEPAL como secretaría técnica y una Mesa Directiva con un Comité. En ella participaron Argentina, México, Perú, San Vicente y las Granadinas, Trinidad y Tobago, Chile y Costa Rica.

Se realizaron nueve reuniones de negociación hasta que fue adoptado a nivel internacional en marzo de 2018 en Escazú, Costa Rica. Luego fue firmado en septiembre del mismo año en el marco de la Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York, Estados Unidos. Para su entrada en vigor era necesario que 11 Estados lo ratificaran.

La firma significa que el Estado da su apoyo y consentimiento para ser parte del Acuerdo. Por otro lado, la ratificación representa el compromiso, jurídicamente vinculante, de acatar sus disposiciones. La entrada en vigor es cuando comienza a ser aplicable.

Países que ratificaron: Antigua y Barbuda, Argentina, Bolivia, Ecuador, Guyana, México, Nicaragua, Panamá, San Vicente y las Granadinas, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía y Uruguay.

Países que firmaron pero no ratificaron: Belice, Brasil, Colombia, Costa Rica, Dominica, Granada, Guatemala, Haití, Jamaica, Paraguay, Perú y República Dominicana.

La importancia del Acuerdo de Escazú para Argentina

Argentina se involucró en el proceso en 2013, un poco después de que éste comenzara, ocupando un lugar preponderante en todo el proceso de negociación. Lo ratificó en septiembre de 2020. Posteriormente lo hizo México, llegando a ser el onceavo país, facilitando su entrada en vigor. La misma se realizó el 22 de abril de 2021, fecha en que se conmemora el Día Internacional de la Madre Tierra.

Les compartimos el siguiente video, realizado por Amnistía Internacional, que explica el contexto y de qué se trata este tratado: https://youtu.be/Apjb1mWcUqg

Ángela Boggon.

Fuentes: CEPAL / FARN / argentina.gob.ar / Jóvenes por el clima Argentina / globalwitness.org